OPINIÓN

La locomotora minera sigue atormentando al país

La minería ilegal sigue siendo un problema sin resolver y controlar por parte del estado colombiano, pues los derrames de compuestos químicos en los ríos como el Atrato, dejaron como consecuencia la muerte de 34 niños en el Chocó en lo que va transcurrido del presente año.

Para entrar en contexto, es necesario aclarar que en el país existe la minería legal e ilegal: la primera cuenta con 10.000 títulos vigentes aproximadamente y en trámite de aprobación se encuentran alrededor de otros 20 mil, sin embargo uno de los errores recae en el hecho de que las comunidades que habitan territorios colindantes, en la mayoría de los casos, no son consultadas y los terrenos no son estudiados a cabalidad y los resultados son similares a los ocurridos con los jóvenes en Chocó.

Por otro lado, la minería ilegal vincula a miles de trabajadores al rededor del territorio colombiano, pues en su mayoría se realiza de forma independiente. Según datos del Ministerio de Minas y Energía la práctica ilegal de explotación de oro, esmeraldas y carbón recoge casi el 60% de la minería total en el país. Estos números son realmente preocupantes, pues dichas explotaciones son realizadas en zonas prohibidas.

Muchos de estos trabajadores buscan legalizar sus focos de minería por medio de la Política Nacional para la formalización de la minería, pero allí el debate: ¿Por qué el Estado debe ceder ante las prácticas mineras en zonas donde se pone en peligro el ecosistema? Es evidente que ríos caudalosos como el Timbiquí han sufrido las consecuencias de la falta de conciencia de los ciudadanos mineros. Nadie toma de su agua.

De esta manera, se debe ahondar en el debate sobre la intervención del Estado y la forma en que debe procurar satisfacer las necesidades de los habitantes del territorio, en específico de las zonas aisladas y con poco confort económico. Lo anterior tiene como fundamento una razón: todo el inconveniente es un círculo de nunca acabar, ya que la mayoría de personas que ejercen la minería ilegal obtienen de ella el sustento para sobrevivir que el Estado no logra saciar a través del empleo.

En síntesis, hay que aclarar, también, que a los territorios no llegan las regalías de la sustracción de recursos naturales efectuada por las multinacionales o, en el peor de los casos, el gobierno nacional no fija impuestos claros y justos a dichas empresas. Así, se debe poner especial atención al tema minero en Colombia debido a que la afectación está llegando a niveles superiores, no solo el medio ambiente está pagando las consecuencias del poco control, sino también las personas que, en la mayoría de casos, no llevan condiciones de vida dignas.

Editorial Ecomundo

Editorial:

COLUMNA DE OPINIÓN

SIETE MESES DE CONTRATIEMPOS Y POCA ACCIÓN

Cuando el presidente Juan Manuel Santos hizo oficial el cambio de Ministro de Ambiente las expectativas por el nuevo ciclo que se inició el 25 de abril eran altas. Luis Gilberto Murillo llegó a esa cartera para tomar el lugar de Gabriel Vallejo quien no logró convencer del todo a la opinión pública en sus dos años de trabajo en este ministerio. Murillo llegó con todas las credenciales para merecer tal cargo, su hoja de vida y carrera profesional son muy dicientes pero tras siete meses al mando del Ministerio de Ambiente no ha podido alejarse de las polémicas políticas, los debates burocráticos y hasta la promoción del posconflicto tras firmado el acuerdo de paz con las FARC. Lo anterior ha hecho que del trabajo de Murillo en estos siete meses: poco y nada.

Las manifestaciones sociales han sido un dolor de cabeza para Luis Gilberto Murillo desde que es Ministro de Ambiente. En gran parte, el descontento en muchas poblaciones del país nace de polémicos manejos en la Asociación Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) pues en buena cantidad de oportunidades no respetan el derecho a la consulta previa que tienen los diversos grupos étnicos que conviven junto a los recursos naturales. Hasta el momento, Murillo no ha sido capaz de dejar atrás ese fantasma que rondaba desde la gestión de Gabriel Vallejo.

Por lo tanto, Murillo se ha visto abocado a convivir con protestas de comunidades indígenas como la etnia zenú, del cabildo Flores de Chinchelejo, grupo que justificaba que la ANLA permitió que la empresa Autopistas de la Sabana para la construyera la segunda calzada de la vía Sincelejo-Tolú, lo que podría tener graves consecuencias para el medio ambiente y esa comunidad por el resquebrajamiento de suelo. Protestas similares se presentaron el último mes en el departamento del Cesar con protestas en torno a que la ANLA permitió la práctica del fracking en esa región sin consulta previa y generando mucho malestar en las comunidades que argumentan sentir temor por los recursos hídricos de los que disponen. Por último, hasta los ‘paisanos’ de Murillo se manifestaron en contra de su gestión luego de que indígenas del Chocó duraran una semana en paro agrario.

Lo más llamativo es que Murillo señaló las licenciaturas ambientales como una de sus prioridades cuando llegó al puesto. Sin embargo, sus energías para con esta entidad se encausaron en un debate político en el que estuvo a punto de renunciar. En agosto presentó su renuncia el director de la ANLA, Fernando Iregui luego de cometer un error gravísimo como lo fue otorgar un permiso para la explotación minera en la zona de La Macarena, que afectaría Caño Cristales. Ante esto, Murillo le pidió al gobierno que aceptara la renuncia y reemplazara a Iregui con Rodrigo Suárez. El vicepresidente Germán Vargas Lleras no aceptó la petición de Murillo y este último amenazó con renunciar pero al final dio un reversazo típico de los intereses políticos que gobiernan nuestro país. Esta ha sido la nota saliente en la ANLA desde que Murillo es Ministro, de licencias ambientales, consultas previas y demás, poco se ha sabido.

Para rematar este cojo inicio de Luis Gilberto Murillo al mando del Ministerio de Ambiente, él se está oponiendo al proyecto de ley que transita en el Congreso liderado por el partido verde para que el agua sea en Colombia un derecho fundamental. El proyecto obligaría al Estado a proteger los ecosistemas que proveen buena parte de los recursos hídricos y darle prioridad al consumo humano del agua en todas las partes del país. ¿Cómo es posible que un Ministro de Ambiente se oponga a tal iniciativa? Es de no creer. De esta manera el señor Murillo está cerrando un año que en materia ambiental dejó más dudas que certezas. Siete meses de contratiempos y poca acción.

Sergio Jácome